730 núcleos de población aún vierten sus aguas sin depurar
H.J. – jueves, 18 de marzo de 2021
Otros 390 tienen tratamiento inadecuados y entre todos ellos se incluyen pedanías, barrios o casas diseminadas. Su cifra global de población no supera los 35.000 habitantes, alrededor del 10% de la provincia
Es el último gran reto de sostenibilidad medioambiental al que se enfrenta el inmenso tejido rural de la provincia de Burgos. Solventada hace años la organización de la recogida de basuras, la depuración de las aguas residuales sigue siendo una asignatura pendiente por sus peculiares dificultades.
Por un lado, la diseminación de la población hace prácticamente imposible controlar todos los puntos de vertidos. Por otro, hasta hace no mucho el hecho de depositar directamente en la naturaleza los líquidos fecales no se veía con tan malos ojos. Y además, las infraestructuras necesarias para evitarlo son caras teniendo en cuenta los exiguos presupuestos de los pueblos.
Recientemente hemos conocido que la construcción de 7 depuradoras en los municipios situados aguas arriba de la presa de Castrovido, una actuación complementaria del gran pantano que ya ha empezado a regular las aguas del Arlanza, costará 10 millones de euros. Localidades tan importantes del alfoz de Burgos como Ibeas de Juarros, Castrillo del Val y Cardeñadijo también están peleando con la Junta y la Diputación para tratar de modernizar sus instalaciones, obsoletas y exiguas para su creciente número de habitantes.
Si ellas tienen dificultades, no es de extrañar que otros pueblos mucho más pequeños sigan todavía anclados en el pasado en materia de depuración de aguas. De ahí que, según datos de la Junta de Castilla y León, haya 730 núcleos de población en la provincia de Burgos que no cuentan con absolutamente ningún sistema. Según el Servicio Territorial de Medio Ambiente, a estos habría que sumar 390 que tienen algún método depurativo, «pero no sería el adecuado ni suficiente a juicio de las Confederaciones Hidrográficas».
Es preciso indicar, advierten en la Junta, «que estos núcleos están formados tanto por municipios, como por pedanías urbanizaciones, barrios, diseminados, etc. algunos de los cuales tiene un censo de habitantes inferior a 5». Es decir, se trata de núcleos en algunos casos pequeñísimos, y entre todos ellos suman únicamente un 10 % de la población, que aun así serían unos 36.000 habitantes.
El territorio burgalés vierte sus aguas a tres cuencas hidrográficas: Cantábrico, Ebro y Duero. En el desglose por cuencas, de esos 700 núcleos citados el 8 % son de la Cantábrica, el 70 % del Ebro y el 22 % del Duero. Suponen una población total de la provincia del 0,6 , del 4 del y 5,4 por ciento respectivamente.
No hay ningún núcleo de población de más de 2.000 habitantes que no cuente con algún sistema de depuración. «Pero eso no quiere decir que alguno no sea adecuado para la carga que recibe, no esté en funcionamiento y/o no se esté explotando de forma lo suficientemente correcta, aunque en este rango de población son muy pocos casos», continúan desde el servicio de Medio Ambiente.
Para intentar ir mejorando la situación de los pueblos comprendidos entre los 500 y los 2.000 «habitantes equivalentes», para los que suman también los vertidos de tipo industrial o agrícola, a finales de 2020 se firmó un protocolo entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos para la implantación de un programa de depuración de sus aguas residuales urbanas. Este protocolo de actuación podrá dar solución en principio a unas 25 poblaciones que quieran sumarse al mismo e inicialmente se comenzará por la redacción de los proyectos.
Alguno de ellos ya está en esa fase, y ahora toca ir negociando con los ayuntamientos las fórmulas concretas de depuración porque Somacyl (empresa pública autonómica) y la Diputación aportan el 80% a partes iguales, pero el 20% restante tienen que ponerlo los pueblos. Los ayuntamientos, además, se comprometen a abonar la explotación anual aunque la gestión esté en manos de la Junta durante al menos los primeros 25 años.
En esa tesitura está, por ejemplo, el trío de localidades compuesta por Ibeas de Juarros, Castrillo del Val y Cardeñajimeno. Todos ellos se sitúan justo aguas arriba de la capital, así que sus vertidos que ahora se realizan sin sistemas de depuración adecuados repercute directamente en la calidad de las aguas que atraviesa el casco urbano de Burgos, donde por ejemplo la playa fluvial de Fuente Prior perdió hace unos años la calificación de zona apta para el baño.
El alcalde de Ibeas, José Ignacio Colina, explica que el Somacyl les ha ofrecido varias posibilidades de construcción de depuradoras individuales o conjunta para los tres pueblos, con horquillas de inversión que van desde los 1,7 a los 2,5 millones de euros. Por ahora no hay acuerdo entre las localidades, así que siguen buscando una solución que sea lo menos lesiva para las arcas públicas autonómicas y, por ende, para los ayuntamientos que tienen que abonar una quinta parte de los costes.
Ramiro Ibáñez, diputado provincial de Medio Ambiente, explica que la intención de la Diputación es «siguiendo un orden, intervenir en los más grandes porque contaminan más para ir minimizando el problema. Para ello, en ese convenio que hemos firmado, se establece un grupo de trabajo que conforman técnicos de ambas administraciones». De ahí deben salir las soluciones concretas, siempre teniendo en cuenta que sean «sostenibles de cara al futuro para los ayuntamientos en cuanto a su mantenimiento y que no acaben abandonadas».
Ibáñez calcula un listado de entre 20 y 30 municipios prioritarios. Dependiendo de la población, las depuradoras costarían entre 500.000 y 1,1 millones de euros y los costes de explotación irían desde los 9.000 euros anuales a los 25.000, cifras que pagarían los vecinos mediante las correspondientes tasas de consumo de agua. Huerta de Rey, Torresandino, Fresnillo de las Dueñas, Villariezo, Cerezo de Río Tirón, Gumiel o Peñaranda de Duero están entre los primeros de la lista de espera.
«Es algo imprescindible». José Antonio Cámara Molinero es el alcalde de Huerta de Rey y explica que en su pueblo no hay ningún sistema de depuración funcionando en la actualidad. «Hubo uno que se puso en marcha hace 60 años, quedó obsoleto y ahora todas las aguas residuales van al río Arandilla, estamos en el nacimiento y todo va aguas abajo, claro».
A lo largo de los últimos tiempos incluso han sido advertidos en varias ocasiones por la Confederación Hidrográfica del Duero de que la situación debía cambiar, llegaron a tener hace mucho un proyecto para una depuradora «que valía un millón y pico», pero ahora pretenden emplazar una planta más moderna, a las afueras del pueblo, que según el regidor costará en torno a los 800.000.
«Sabemos que luego tendrá un coste de mantenimiento y que tendremos que repartirlo entre los vecinos, pero creemos que tener depuradora es algo imprescindible», concluye Cámara.
Cuando lleguen esas soluciones tan esperadas a los pueblos de mediano tamaño, supuestamente a lo largo de los próximos cuatro años de vigencia del convenio, la situación general del balance de la depuración habrá mejorado notablemente. Confían desde la Junta de Castilla y León en que «aunque seguirán quedando muchos municipios sin un sistema de depuración adecuado, la carga contaminante se habrá reducido de manera considerable, al tratarse de los núcleos de población que tienen un menor número de habitantes y para los que se seguirá buscando alguna solución dado que también su capacidad presupuestaria y de gestión será menor».
Al final, casi todo es cuestión de dinero, y en este caso también de conciencia medioambiental.
Fuente: Diario de Burgos
