El arranque de la A-12 se librará de otro trámite ambiental
El tramo Burgos-Ibeas se enfrenta a un retraso notable por la rescisión de las obras paradas en 2017, pero al menos no tendrá que superar un proceso que puede alargarse otros dos años
El corredor del Camino de Santiago en la mitad oriental sigue siendo el principal déficit viario de la provincia, junto con la falta de una autovía a Cantabria. – Foto: Miguel Ángel Valdivielso
La rescisión del contrato que todavía vincula al Ministerio de Transportes con la empresa que debía ejecutar el primer tramo de la futura autovía A-12 va para largo. El Burgos-Ibeas de Juarros, donde apenas se movieron unos metros de tierras antes de que las obras quedasen paradas, necesitará varios años para retomarse, ejecutarse e inaugurarse, pero al menos se librará de un nuevo trámite medioambiental.
Así lo explican desde el Ministerio que dirige José Luis Ábalos a preguntas formuladas por este periódico. En concreto apuntan que para este primer tramo «no será necesaria tramitación ambiental ya que la declaración de impacto ambiental, que avala el proyecto original, no caduca una vez que las obras ya comenzaron».
A principios de año conocimos que después de tres años de parón el Gobierno se había decidido a emprender la rescisión del contrato con la UTE adjudicataria del Burgos-Ibeas de Juarros. Este procedimiento «incluye en su tramitación la audiencia a la UTE contratista», tal y como apuntan desde Transportes. «Una vez se haya formalizado la resolución, el Ministerio licitará los servicios para la redacción de un proyecto de terminación que permita en su momento volver a licitar las obras pendientes», añaden.
Este proyecto de terminación tendrá como finalidad «definir las obras que han quedado pendientes de ejecutar y poder, en base al mismo, licitar su ejecución». Para elaborarlo se tomará como referencia el proyecto de construcción original, «los documentos que definan el estado de las obras ejecutadas y las actualizaciones que sean pertinentes para tener en cuenta la normativa vigente o cualquier otro condicionante detectado durante la ejecución de las obras».
Es decir, tal y como reconocieron desde un primer momento los responsables ministeriales, el proceso va para muy largo. Pero podría ser aún peor, porque de ser necesaria una nueva declaración de impacto ambiental se añadirían entre dos y tres años de trámites extras a todo el retraso ya acumulado.
El arranque de la futura autovía A-12, de apenas 10 kilómetros de longitud, comenzó a ejecutarse de forma muy tímida a finales de 2017 pero rápidamente, tras unas pocas semanas, los trabajos se pararon. Desde el principio quedó claro que se trataba de un enfrentamiento económico entre las empresas adjudicatarias (Joca y Ocide) y el Ministerio, puesto que el tramo había presupuestado en 80 millones de euros pero fue contratado por solo 45. Eran tiempos en que las grandes constructoras tiraban los precios después de varios años sin trabajos o con fuertes recortes en la obra pública, pero no se consideró una baja temeraria y fue aceptada.
Durante tres años parecía que el camino sería la renegociación del coste del tramo y la búsqueda de un acuerdo que permitiese desbloquear la ejecución, pero finalmente se ha optado por la ruptura del contrato y esto supone prácticamente volver a empezar.
El resto de proyectos. No solo habrá que elaborar un nuevo proyecto, el que ahora se denomina «de terminación», sino que después habrá que sacarlo de nuevo a concurso, esperar que no haya problemas y ejecutarlo. Entretanto, en el resto de la futura autovía A-12 que conectará Burgos y Logroño solo hay un tramo en obras, precisamente el que hace frontera entre Castilla y León y La Rioja.
El resto, que servirán para superar la dificultad orográfica de La Pedraja y las travesías de Belorado o Villafranca Montes de Oca, siguen en fase de proyecto y con cantidades pírricas en los Presupuestos Generales del Estado que no hacen prever su pronta licitación y mucho menos construcción.
